Madrid. La notificada querella criminal por alegadas “injurias y calumnias graves” ante un tribunal español por parte de un empresario dominicano de la construcción que, además, es alto dirigente de un partido político y senador de la República, nos trajo a esta siempre acogedora capital de la madre patria que, a pesar del frío invernal, conserva su algarabía de gente en las calles y presenta signos alentadores de recuperación económica.
Como el tema que nos convida a esta maravillosa ciudad se origina en un libro que denuncia actos de corrupción cometidos por un funcionario público (que ahora pretende rescatar una reputación que nunca se preocupó por obtener mediante el cumplimiento de la ley y la ética en sus actuaciones), me ocupé de actualizar el estado de situación de la corrupción administrativa en España, donde “el caso Bárcenas” es el más reciente y emblemático porque, como veremos, su autor y alto cargo del partido del actual gobierno cumple ya 82 días de prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Desde 2009, el renunciante senador y extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas fue implicado en la famosa “trama Gürtel” que estableció el cobro de comisiones ilegales por parte de gobiernos locales y regionales del PP, mediante la financiación de actos electorales que pagaban empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos. (De pasada, este caso fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido en el 2010 el Premio Ortega y Gasset de Periodismo al “Mejor trabajo de prensa”).
No obstante, también fue descubierto el caso de “los papeles de Bárcenas”, desde el 1990 gerente del PP, quien desde ese año manuscribía en un cuaderno las donaciones ilegales de empresarios que permitían al PP financiarse al margen de la ley, en la medida en que sobrepasaba el 10% permitido (el 90% es dinero del erario), además de tratarse de aportes de empresas que contrataban con la administración pública. Estos fondos servían para pagar a los miembros del partido, parlamentarios y funcionarios desde la época de Aznar a la actual de Rajoy, substanciosos “gastos de representación” para sus actividades privadas y partidarias.
Si bien el hecho de recibir un “sobresueldo” sólo está afectado por la normativa administrativa de incompatibilidades que le impedían cobrar cualquier otra remuneración y, que un partido reciba donaciones ilegales tampoco es un delito en España, el hecho más grave que se investiga, y el que tendría mayor sanción penal, es si la contraprestación del PP a estas empresas estaba vinculado al posterior otorgamiento de contratos públicos de suministro de bienes o servicios.
Hasta principios de este año Bárcenas contó con todo el apoyo político, moral y financiero (pago de abogados) de su partido, hasta que la instrucción judicial del proceso le descubrió una descomunal fortuna en Suiza. Al día de hoy, a pesar de que Rajoy niega la existencia de la doble contabilidad que llevaba Bárcenas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz afirma haber encontrado indicios de esta supuesta “caja b” del PP.
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