La sentencia que emitiera el pasado 23 de septiembre el tribunal constitucional amparado en las prerrogativas con que le faculta la Carta Magna de la República y en un ejercicio plenamente soberano establece jurisprudencia para poder optar por la nacionalidad dominicana, y de paso, obliga y compromete a nuestras autoridades a enfrentar una situación en la que sólo y de vez en cuando se hacían amagos por corregir, y todo seguía a la buena de Dios, o como chivos sin ley.
Realmente hay un factor de carácter social y humano que debe observarse, pero en ningún modo poner a nuestro país manos arriba, como si estuviéramos cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque la referida sentencia dictaminó aplicar un adecuado y riguroso instrumento regulatorio para los hijos de quienes de manera ilegal han permanecido en territorio dominicano.
Las opiniones de algunos sectores que de forma rabiosa han querido satanizar la disposición, obviando adrede, como es natural, que somos un país con derecho como el que más, a pautar las normas y directrices para otorgarle la nacionalidad dominicana, a quien entendamos merecerla basado en criterios acordes a nuestros intereses y conveniencias y no así, a los deseos e intenciones de grupos foráneos y de los nuevos Guácanagaríx de este tiempo, que han tomado banderas ajenas para apedrear la que nos legaron los padre de la patria, cuando precisamente nos independizaron d el yugo haitiano.
Es realmente preocupante la forma tibia y timorata si se quiere, con que las autoridades gubernamentales y otras instituciones del Estado, han enfrentado los tantos ataques y vejámenes a los que ha sido sometido el país, al extremo de faltarle el respeto al presidente Danilo Medina, y al pueblo dominicano al interrumpir el discurso de apertura que éste pronunciaba en la X11 Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, con cartelones que decían todos somos Haití, y vociferando consignas de rechazo a los que son nuestros derechos soberanos como Nación libre e independiente.
De seguir estos hechos sin que le demos una fehaciente y contundente respuesta de apego a nuestra Constitución, nuestras leyes e instituciones y por ende, al dictamen del Tribunal Constitucional, prontamente podríamos querer poner candado cuando ya no remediemos nada con ello, porque estar abrazándonos unos a intereses foráneos y malsanos y otros por no defender como debemos nuestro país, echando por tierra el gran esfuerzo y todo el sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella y todos los que en aras de legarnos una patria libre ofrendaron sus vidas y sus vienes.
Que se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional, y pongamos en alto en nombre de la República Dominicana, ante estos desmanes que como bola de ensayo se enarbola contra nuestra institucionalidad, y que se otorgue la nacionalidad a quienes se acojan a nuestras leyes y a éste veredicto definitivo e inapelable, porque de lo contrario se cumplirá en nosotros el viejo refrán que de fueran vendrán y de nuestra
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